“Concluida la guerra hispanofrancesa, el gobierno de Fernando VII, lejos de buscar una componenda amistosa, responde a los independentistas con un ejército de diez mil hombres, que logra pacificar Venezuela y Nueva Granada; sin embargo, Argentina conservaría intacta su libertad, declarando independencia formal en 1816”.
Fernando Díaz de Cortázar y José Manuel González Vesga, “Breve Historia de España”, Ed. Alianza Editorial,1994, p. 422
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El siglo XIX en España fue un período de intensa agitación política, caracterizado por una serie de transformaciones que abrieron el camino hacia el modelo constitucional. Durante estos años, se sucedieron una serie de constituciones que reflejan los vaivenes ideológicos y los cambios en el poder político de la nación. Cada una de estas constituciones buscó, desde diferentes perspectivas, establecer los principios de organización y funcionamiento del Estado español. Las Constituciones de 1812, 1834, 1837, 1845, 1856, 1869 y 1876 ofrecen un fascinante recorrido por los ideales, desafíos y conflictos de una España en búsqueda de estabilidad y modernidad.
La Constitución de 1812
La Constitución de 1812, también conocida como «La Pepa», fue promulgada en Cádiz el 19 de marzo de ese año, en un contexto de resistencia a la ocupación napoleónica. Este texto constitucional es el más importante y emblemático del siglo XIX en España, y sentó las bases de un sistema liberal en una nación que hasta entonces había estado dominada por el absolutismo.
La Constitución de Cádiz fue revolucionaria para su tiempo, ya que consagró principios como la soberanía nacional, en la que el poder residía en la nación y no en el monarca. También se estableció la división de poderes, la creación de un sistema parlamentario y una serie de derechos y libertades individuales, incluyendo la igualdad ante la ley y la abolición de la Inquisición. La Carta otorgaba el derecho al sufragio universal masculino, aunque restringido por cuestiones económicas. Este texto tuvo una influencia significativa en otras naciones de habla hispana, especialmente en América Latina, que también buscaban establecer sus propias independencias.
Sin embargo, esta Constitución tuvo una corta vida debido a la restauración de Fernando VII en 1814, quien abolió el texto y restableció el absolutismo. A pesar de su corta duración, «La Pepa» dejó una huella indeleble en la historia constitucional española, y se le considera un referente para los movimientos liberales en el siglo XIX.
El Estatuto Real de 1834
Tras la muerte de Fernando VII en 1833, España experimentó una serie de conflictos que se desarrollaron en el contexto de la Primera Guerra Carlista (1833-1840). Para intentar alcanzar un equilibrio entre el absolutismo y las demandas liberales, la regente María Cristina, madre de la reina Isabel II, promulgó el Estatuto Real de 1834.
Este documento no era una constitución en el sentido estricto, sino una Carta Otorgada por la cual el monarca concedía ciertos derechos a los ciudadanos. Establecía una estructura bicameral, con un Estamento de Procuradores y otro de Próceres, es decir, una cámara baja y una alta, que debían ser consultados en la toma de decisiones. Sin embargo, el Estatuto mantenía al monarca con un poder considerable, ya que conservaba el derecho de vetar leyes y el control del poder ejecutivo.
El Estatuto Real representaba una tímida apertura liberal que buscaba una solución de compromiso entre el absolutismo y el liberalismo, pero que no satisfizo a los sectores más radicales de ninguno de los dos bandos. Fue un instrumento de transición que, si bien introdujo ciertas innovaciones, demostró ser insuficiente para consolidar una monarquía constitucional.
La Constitución de 1837
El fracaso del Estatuto Real llevó a la aprobación de la Constitución de 1837, impulsada por el gobierno progresista en el contexto de una mayor estabilidad al finalizar la Primera Guerra Carlista. Esta constitución fue el primer esfuerzo serio por consolidar un régimen liberal en España. Inspirada en la Constitución de Cádiz de 1812, aunque con modificaciones, estableció un sistema de monarquía parlamentaria con una clara división de poderes y ciertos derechos y libertades individuales.
La Constitución de 1837 otorgaba al monarca poderes limitados y establecía el principio de la soberanía nacional. El texto reconocía la existencia de una estructura bicameral, formada por el Congreso de los Diputados y el Senado. Aunque el rey mantenía la prerrogativa de disolver las Cortes, el control legislativo y la representación popular cobraron más relevancia en el sistema político.
Este marco legal fue un importante paso hacia la consolidación del liberalismo en España, aunque no logró estabilizar la política del país a largo plazo. Los cambios en el poder, entre progresistas y moderados, y las tensiones entre liberales y conservadores llevaron a una nueva crisis política, lo que resultó en la promulgación de una nueva constitución en 1845.
La Constitución de 1845
La Constitución de 1845 fue promulgada durante el reinado de Isabel II y representa el triunfo del sector moderado del liberalismo español. En contraste con el texto de 1837, la Constitución de 1845 otorgaba un mayor poder al monarca y restringía algunos de los derechos y libertades individuales reconocidos previamente.
Este texto consolidó una monarquía más centralizada, otorgando a la Corona poderes significativos en el ámbito legislativo y en la elección de los senadores, quienes ya no eran electos, sino nombrados por el rey. Además, se restringió el sufragio, que pasó de ser censitario, es decir, basado en la riqueza de los votantes. Se eliminaron también muchas de las medidas descentralizadoras, lo que fortaleció la estructura unitaria del Estado español.
La Constitución de 1845, aunque permitió cierta estabilidad en el contexto de la política moderada, fue criticada por su carácter conservador y centralista. Sin embargo, este texto constitucional fue uno de los más longevos del siglo XIX, pues estuvo vigente hasta la Revolución de 1868, que derrocó a Isabel II y abrió el camino para una nueva constitución.
La Constitución de 1856 (Non Nata)
En 1854, un golpe de Estado conocido como «La Vicalvarada» dio inicio a un periodo conocido como el Bienio Progresista. Durante este tiempo, se elaboró una nueva constitución en 1856, conocida como la Constitución Non Nata («no nacida»), ya que nunca llegó a promulgarse oficialmente. A pesar de esto, su contenido es significativo para entender las tendencias políticas del momento.
La Constitución de 1856 recogía muchos de los principios de la Constitución de 1837 y fortalecía aún más los derechos y libertades individuales. Además, buscaba establecer un sistema de gobierno más descentralizado, promoviendo la autonomía de los municipios y provincias. Este texto intentaba responder a las demandas de un sector liberal progresista que buscaba ampliar los derechos ciudadanos y limitar los poderes del monarca.
Sin embargo, las tensiones entre liberales y conservadores, junto con la presión de Isabel II para restaurar el orden moderado, impidieron la promulgación de esta constitución. Aunque no fue oficial, la Non Nata dejó una influencia importante en la siguiente constitución que se promulgaría tras la revolución de 1868.
La Constitución de 1869
La Revolución de 1868, también conocida como «La Gloriosa», derrocó a Isabel II y dio lugar a un nuevo periodo constitucional con la Constitución de 1869. Esta constitución fue la más liberal del siglo XIX y representó el culmen del liberalismo progresista en España. Con ella, se instauró un sistema de monarquía parlamentaria bajo el gobierno de Amadeo I, de la casa de Saboya, elegido como monarca en un intento de modernizar el país.
La Constitución de 1869 reconocía derechos y libertades de manera extensa: se garantizaba la libertad de expresión, de prensa, de asociación y de culto, esta última en un contexto en que la religión católica había sido hegemónica. Se estableció también el sufragio universal masculino, marcando un hito en la historia democrática de España.
Este texto marcó un claro avance en términos de participación ciudadana y limitación del poder real. Sin embargo, las dificultades para mantener la estabilidad llevaron a la abdicación de Amadeo I en 1873 y al inicio de la Primera República Española, la cual, aunque intentó adoptar su propia constitución, nunca logró consolidarse.
La Constitución de 1876
La Constitución de 1876 fue promulgada bajo el reinado de Alfonso XII, después de la Restauración Borbónica, y representa el retorno de los valores moderados y conservadores al poder. Elaborada durante el gobierno de Antonio Cánovas del Castillo, esta constitución buscaba establecer un marco de consenso y estabilidad política.
El texto mantenía una monarquía parlamentaria y un sistema bicameral, con un Senado elegido parcialmente por el rey y un Congreso de los Diputados electo por sufragio censitario, aunque eventualmente se introdujo el sufragio universal masculino en 1890. La Constitución de 1876 permitía una interpretación flexible y fue lo suficientemente ambigua como para adaptarse a los cambios políticos, lo que le otorgó una mayor durabilidad.
Este texto fue crucial para el sistema de alternancia de partidos conocido como turno pacífico, en el cual los partidos Liberal y Conservador se alternaban en el poder para evitar conflictos. Esta alternancia estuvo controlada en buena medida por el propio Cánovas del Castillo y por el sistema de caciquismo que caracterizó gran parte de la política de la Restauración.
Conclusión
Las constituciones del siglo XIX en España son reflejo de una sociedad en transformación, en la que las ideas liberales, conservadoras y, finalmente, republicanas, competían por establecer su visión del Estado. Cada constitución representa un intento de responder a las demandas sociales y políticas de su época, aunque muchas de ellas fracasaron en su propósito de consolidar una estabilidad duradera.
En el siglo XIX, España transitó por sistemas políticos muy diversos: desde el absolutismo hasta la monarquía parlamentaria, pasando por intentos de república. Las constituciones de este siglo, más allá de sus limitaciones y de sus diferentes enfoques, contribuyeron a sentar las bases de una cultura política que, con el tiempo, permitiría a España establecer un sistema democrático estable y duradero en el siglo XX.